José Estrada.
Palenque, Chiapas.
A más de un año de que ejidatarios y propietarios de los
ranchos ubicados en las inmediaciones de la planta procesadora de palma de
aceite africana “Palma Tica” denunciaran graves daños ecológicos a los afluentes
naturales y el envenenamiento y aniquilación de fauna local, así como la muerte
de varias cabezas de ganado; las condiciones en que sigue operando la empresa
transnacional continúan afectando el ecosistema sin que ninguna dependencia estatal
o federal, encargada de sancionar los daños ecológicos, intervenga para detener
el ecocidio.
No obstante la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente
del Congreso de la Unión y Diputada Federal
por el Estado de Chiapas, Lourdes Adriana López Moreno, tiene conocimiento
absoluto del tema, la empresa costarricense continúa operando con toda
impunidad vertiendo sus desechos a los arroyos y cauces naturales.
Durante una entrevista con el regidor del Partido Verde Ecologista
de México, y miembro de la comisión de ecología y medio ambiente del
ayuntamiento municipal, Pedro Enrique Morales García, se concluyó que tras una
año de haber iniciado las denuncias y de que diversas dependencias llevaron a cabo
una serie de estudios y recorridos por la planta procesadora para documentar el
grado de contaminación que habían alcanzado las tierras y los afluentes, no sea
emitido ningún dictamen técnico o comunicado sobre las anomalías encontradas,
ni las posibles sanciones a las que haya sido acreedora la empresa Palma Tica.
El regidor manifestó que “desafortunadamente hemos podido
comprobar que no se ha avanzado mucho. A pesar de que en aquel momento los
habitantes del ejido Victoria Campesina estaban siendo afectados directamente por
la empresa Palma Tica, el avance es nulo”.
“En su momento se tocaron instancias estatales y federales, pero
no tuvimos información de cómo fue evolucionando el proceso de solución al grave
problema de contaminación que presenta la zona, la cual pudimos constatar
personalmente”.
Señaló que incluso se tuvo la intervención de la diputada federal
Lourdes Adriana López Moreno, quien hizo lo propio ante las instancias correspondientes
para pedir que se pusiera atención a la problemática.
“El problema persiste y tiene que resolverse. Tenemos el
compromiso moral, como funcionarios públicos de exigir que ésta planta cumpla
con las normas y medidas de preservación del medio ambiente; que se revisen las
instalaciones y lo que tengan que modificar, que lo modifiquen”.
Enfatizó que los representantes de la empresa señalaron categóricamente
ante las autoridades que la planta no contamina.
Que los residuos que vierten, tanto al aire como al suelo,
son procesados adecuadamente y no son tóxicos.
“Pero es todo lo contrario. Los residuos han ocasionado
enfermedades en los habitantes de la comunidad Victoria Campesina por el
consumo de agua contaminada, ya que ingieren el vital líquido de un pozo
artesiano que es afectado por las filtraciones de los desechos tóxicos. Así como
la muerte del ganado que abreva, y otros animales que viven, en los arroyos cercanos”.
El regidor del partido verde señaló que se tuvo conocimiento
del arribo de funcionarios de algunas dependencias para llevar a cabo una supervisión
en las instalaciones y corroborar las condiciones en las que operaba, además de
tomar muestras de los desechos, sin embargo nunca hubo un pronunciamiento
público de los resultados que los estudios arrojaron.
Por lo que muchas personas manifestaron que, probablemente, los
funcionarios y los encargados de la empresa habían logrado acuerdos “que no fueron
muy claros o legales”, debido a que la planta continúa operando con toda
impunidad y sigue contaminando.
“No hemos tenido conocimiento de que la empresa haya realizado
algún tipo de modificación en la panta, la cual sigue laborando en las mismas
condiciones de hace un año”. Puntualizó el funcionario palencano.
Pedro Enrique Morales manifestó que es importante asumir el
compromiso con la conservación del medio ambiente; por ello invitó a la ciudadanía
y a los ganaderos que ya han sido afectados para que junto con las autoridades
se conforme un frente común para exigir, de forma pacífica y conforme a la ley,
que la planta cumpla con las normas establecidas para minimizar el impacto
negativo que tiene con el medio ambiente.
