Revanchismo del Coordinador Municipal de PC puso en riesgo las vidas de una familia durante un incendio.


Pascual Guzmán Vázquez dijo que las ordenes de retirar la unidades de socorro cuando apagaban un incendio fueron dadas por el presidente municipal Marcos Mayo Mendoza.

José Estrada.
Palenque, Chiapas.

Un acto de venganza y revanchismo por parte del Coordinador Municipal de Protección Civil, Pascual Guzmán Vázquez, puso en riesgo la vida de varias personas al ordenar que la unidad y los brigadistas que combatían un incendio se retiraran a la base cuando las llamas consumían el domicilio de Gonzalo Martínez Lasta,  quien labora en dicha institución.

El agraviado señala que desde hace más de un año ha enfrentado una serie de problemas con su coordinador debido a chismes que corren en la institución, por los cuales en muchas ocasiones ha estado en riesgo de perder su trabajo.

Gonzalo Martínez Lastra.
Brigadista de Protección Civil.
Los hechos acontecieron alrededor de la 1:30 de la madrugada de este viernes cuando los habitantes de un domicilio ubicado en la colonia La Mielera se despertaron tras sentir que se sofocaban con un humo espeso y de inmediato salieron de la habitación donde dormían, misma que ya era consumida por las llamas.

De inmediato solicitaron el auxilio de Gonzalo, quien alertó a sus compañeros y en pocos minutos las unidades de socorro estaban en camino para combatir el incendio. Mismo que inició tras suscitarse un corto circuito en uno de los contactos ubicados cerca de las camas.

Varias patrullas con elementos de seguridad pública respondieron al llamado para apoyar a la familia compuesta por tres mujeres y una menor de edad, quienes en su intento de pagar las llamas a cubetazos de agua, estuvieron en riesgo de morir sofocadas por el intenso humo que provocaba el fuego que ya consumía un colchón, la ropa, sillas y otros artículos inflamables.

“Tras varios minutos de estar combatiendo el incendio a través de la radio se escuchó la voz de Pascual Guzmán Vázquez ordenando que la pipa y los elementos se regresaran a la base porqué nada tenían que hacer en el lugar”. Señaló Gonzalo Martínez.

De forma solidaria sus compañeros continuaron combatiendo el incendio luego de decidir que asumirían las consecuencias por desobedecer una orden directa de su jefe, ya que lo primordial era salvar la vida de la familia y sofocar el siniestro para evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas de la vivienda, ocasionando daños mayores.

Los policías municipales, quienes ingresaron al domicilio para apoyar con el desalojo de los artículos que eran apagados por los brigadistas, fueron testigos de la orden emitida por el funcionario público y criticaron su proceder, al carecer de un poco de humanidad y no preocuparse por la vida de las personas que querían ingresar al domicilio en llamas para rescatar sus bienes.

El denúnciate señaló que la excusa presentada por el Coordinador Municipal de PC fue una inconformidad del edil Marcos Mayo Mendoza, quien circulaba por el lugar y vio la pipa obstruyendo el tránsito vehicular y le ordenó que la retirará, a pesar de que estaban combatiendo el incendio.

Gonzalo Martínez Lastra puntualizó que solicitará el apoyo de los regidores y autoridades de otros niveles de gobierno para denunciar ante las instancias competentes los actos de negligencia llevados a cabo por Pascual Guzmán Vázquez, quien sin importarle la vida de su familia exigió que las unidades de socorro se retiraran de su domicilio, abandonándolos a su suerte.

Refirió que si sus acciones fueron un acto de revanchismo por los rumores que corren dentro de la institución, confirmó que realmente Pascual Guzmán Vázquez trafica con los bienes y el personal de PC al llevarlos a su rancho para arrear vacas, componer corrales y pintar sus casas.

“Eso es un secreto a voces y ahora se escuda tras el presidente municipal, a quien señaló de haber ordenado que las unidades se retiraran de su domicilio en llamas”. Finalizó el agraviado.

La alcaldesa de Catazajá es acusada de corrupción y dilapidar el erario público.


Marcela Avendaño negocia con todo lo que puede “los programas del Fondo de Inversión Social Municipal (FISM), con los recursos federales del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), incluso con el gasto corriente”.

Los ingresos de los eventos que se llevan a cabo en el municipio, tales como la feria anual y la tradicional pesca del robalo, van a parar directamente a sus bolsillos. No ingresan a las arcas públicas. Es un robo total y descarado que le hace al municipio.

José Estrada.
Catazajá, Chiapas.

Marcela Avendaño Gallegos, alcaldesa del municipio de Catazajá, fue acusada de violentar los derechos de funcionarios que laboran en el ayuntamiento, a quienes les han retenido los pagos de sus salarios correspondientes a los meses Octubre, Noviembre y la primera quincena del mes de Diciembre. Incluyendo además el monto correspondiente al aguinaldo.

Marcela Avendaño Gallegos.
Pdta. Municipal de Catazajá, Chiapas
Haciendo uso indebido de sus funciones la presidenta municipal ha retenido los salarios como una forma de castigo para el síndico, José Guadalupe Morales Nieves y la regidora plurinominal del PVEM, Gloria Moreno Prott, quienes señalaron no estar de acuerdo con la manera en que dirige la administración y  evidenciar los actos de corrupción, abuso de autoridad, el saqueo del erario público y otras anomalías que se suscitan en el municipio.

José Guadalupe Morales Nieves, señaló “que los problemas que ahora enfrenta con la alcaldesa derivan de algunas confrontaciones pasadas, desde que en el año 2013 cuando intentó anular mi firma para autorizar documentación correspondiente al manejo de la cuenta pública”.

“No hemos caído en el juego de la alcaldesa y nos negamos a solaparle las anomalías que ha cometido en el municipio. Entre ellas la aprobación de obras de pésima calidad, debido  a la compra y uso de materiales diferentes a los que han sido especificados en los expedientes técnicos”.

“Son productos de mala calidad, con precios excesivamente altos. Como ejemplo la adquisición de un lote de computadoras ensambladas que en el mercado tienen un precio que apenas sobre pasa los dos mil pesos por unidad, fueron facturadas por un monto de doce mil pesos cada una”.

Entre las obras que se encuentran en mal estado se pueden nombrar las carreteras de acceso a las comunidades Ignacio Zaragoza y Agua Fría, donde se invirtieron 8 millones de pesos. 4 millones por cada obra, pero la cinta asfáltica es demasiado delgada y a unos meses de su finalización ya presentan daños considerables.

José Guadalupe Morales Nieves.
Síndico Municipal de Catazajá.

La unidad deportiva es un claro ejemplo de que Marcela Avendaño maneja el municipio a su antojo, siempre en la búsqueda de beneficios personales, ya que los trabajos que inició con una empresa constructora los finalizó con otra. El cambio de decisiones fue porque no le daban el “Diezmo” que ella pedía.

Los mismos empresarios señalan que las “cuotas” que les solicitaba eran de entre el 15 y el 20 por ciento del monto asignado a las obras. Además de apoyos extraordinarios para su gente. Por lo que muchas empresas decidieron retirarse tras finalizar los trabajos sin ganancias.

Por su parte la regidora del Partido Verde Ecologista de México, Gloria Moreno Prott, señaló que los conflictos que tiene con la alcaldesa iniciaron a principios de la administración cuando Marcela Avendaño solicitó al cabildo la aprobación de un “Fondo de Viáticos” de 20 mil pesos para que durante sus viajes se hospedara en hoteles de lujo.

La oposición de la regidora del PVEM fue de manera contundente ya que el estado se encontraba en esos momentos en un trance de austeridad y si los regidores ganaban 2 500 pesos debido al recorte presupuestal, no era posible que ella quisiera darse lujos cuando no había dinero suficiente en el municipio.

A partir de esa fecha la regidora no fue invitada a reuniones de cabildo y la ha tenido restringida, fura de os asuntos del municipio.

Gloria Moreno Prott.
Regidora del PVEM en Catazajá.

Ante los probables actos de corrupción, abuso de poder y tráfico de influencias que cotidianamente comete Marcela Avendaño, la población manifiesta que su administración ha sido una de las peores que ha tendido el municipio.

Los funcionarios puntualizaron que “La población no está conforme con la forma en que la presidenta municipal ejerce sus funciones. El municipio de encuentra en un estado grave de ingobernabilidad y en diversas ocasiones los ciudadanos se han manifestado para tratar de llamar su atención en la construcción de obras y la aplicación de proyectos y programas de impacto social”.

La situación de la carencia de agua potable y los constantes cortes al servicio de alumbrado púbico son una muestra de que los recursos están siendo desviados por la alcaldesa.

“Prueba de ello es el incremento a la deuda en materia de energía eléctrica puesto que al inicio de su administración el ayuntamiento presentaba un déficit de 3 millones de pesos y a la fecha la deuda ya alcanzó  los siete millones de pesos”. Afirmó el síndico.

“El dinero no sabemos a dónde va. Tal vez a cuentas personales de la presidenta municipal o quizás lo tenga guardado en algún lugar privado, debajo del colchón o entre las cajas de los zapatos. La verdad no tenemos conocimiento sobre lo que hace con los recursos públicos”.

Cabe señalar que el pasado miércoles los denunciantes acudieron a una sucursal bancaria ubicada en la ciudad de Palenque para solicitar un estado de cuenta de las tarjetas donde les depositan sus salarios y estás no han tenido ingresos desde finales del mes de septiembre.


Protege el edil Marcos Mayo Mendoza a funcionarios que lucran con las necesidades de la población.

Pascual Guzmán Vázquez.
Coord. Municipal de PC en Palenque.

    A pesar de las constantes denuncias realizadas por ciudadanos y por el personal que labora en la Coordinación Municipal de Protección Civil, Pascual Guzmán Vázquez continúa al frente de una institución cuya prioridad es salvaguardar el bienestar de los ciudadanos de una manera altruista, en vez de lucrar con las necesidades de la población de escasos recursos económicos.

José Estrada.
Palenque, Chiapas.

Tras asumir el cargo y demostrar, ante las instancias estatales, que no es una persona apta para procurar la seguridad de los habitantes de éste ciudad y las diversas comunidades del municipio, Pascual Guzmán Vázquez no ha sido removido de su cargo y tal parece que es otro de los funcionarios protegidos por el edil Marcos Mayo Mendoza, quien durante su primer discurso como presidente municipal, puntualizó que su administración “estaría libre de corrupción y de funcionarios que abusan del poder, preocupándose solo por el beneficio personal y el saqueo de las arcas públicas”.

Sin embargo las constantes denuncias de los ciudadanos, que se han dado a conocer a través de diversos medios de comunicación, afirman que las acciones llevadas a cabo por el actual Coordinador de Protección Civil en éste municipio denigran una institución cuyo principal objetivo es ayudar a las familias más necesitadas.

Las denuncias, de las cuales ya tiene conocimiento el Secretario de Protección Civil en el Estado, Luis Manuel García Moreno, refieren que los servicios que se deben prestar gratuitamente a la población tienen un costo establecido por Pascual Guzmán Vázquez que van desde los 300 pesos por abastecer de agua a una familia, hasta el cobro de 1 000 pesos por cortar un árbol en propiedad privada y de 1 500 pesos por trasladar a una persona enferma hacia hospitales localizados en Villahermosa, Tabasco.

Pascual Guzmán Vázquez también es señalado de mantener secuestrada la unidad 031, misma que fue adquirida con recursos del erario público, para uso particular.

“Además de no soltar las llaves, incluso cuando se retira a su domicilio, utiliza la unidad para trasladarse a su parcela y acarrear ganado con un remolque que engancha a la camioneta los fines de semana”.

Las denuncias señalan que las unidades son utilizadas para beneficio personal y económico del señalado funcionario público, ya que la pipa además de ser utilizada para abastecer los abrevaderos de su parcela con el combustible destinado para trasladarse a los lugares donde se suscite una emergencia, la unidad es enviada al municipio de Catazajá para vender agua a la población que carece del vital líquido, en lugar de hacerlo de manera gratuita ya que es un servicio de ayuda humanitaria.

Una de las repercusiones que se han generado, tras enterarse el Secretario de Protección Civil de los probables actos de corrupción durante la presente administración, fue la de solicitar las llaves de la pipa y la ambulancia a fin de evitar que el funcionario público continúe lucrando con los recursos públicos y las necesidades de la población al venderles el agua y solicitar pagos por los traslados de pacientes hacia otros hospitales.

La noticia de que el Secretaría de Protección Civil ya tiene conocimiento sobre los presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias, e incluso nepotismo por parte de algunos funcionarios del ayuntamiento que tienen intereses dentro de la institución, fueron dadas a conocer por el Supervisor Regional de Protección Civil, Antonio Velásquez García, quien durante una reunión llevada a cabo el pasado día lunes refirió “que por instrucciones superiores las dos unidades inmersas en el conflicto serían incautadas para evitar más daños a la institución, hasta que la situación se aclare”.

Sin embargo esto implicaba dejar desprotegida a la población en caso de alguna contingencia que pusiera en riesgo la vida de los ciudadanos, por ello el funcionario procurará la intervención de las autoridades a fin “de que pongan un alto a los actos de corrupción dentro de la Coordinación Municipal de Protección Civil, de los cuales es señalado directamente Pascual Guzmán Vázquez, para evitar que la institución se vea inmiscuida en problemas que nada tienen que ver con la prestación de los servicios para los cuales fue creada”.

Mismos que tienen que realizarse de manera gratuita, sin exigir retribuciones económicas a los beneficiados, porque esto provocaría que la población más pobre, aquellas familias vulnerables que no pueden pagar por los servicios se vean desprotegidas y marginadas por una institución que es sostenida con recursos públicos, procedentes de los impuestos que paga la población.