Raúl Alberto Álvarez
Barroso, quien es señalado de ocupar el puesto de Contralor Interno en la
administración de Felipe López Pérez, en el año 2010 fue detenido y acusado por los delitos de Asociación
Delictuosa, Ejercicio ilegal del Servicio Público y Peculado en agravio de los
chiapanecos y del erario municipal de Palenque, cuando fungía como director de
obras públicas durante la administración de Alfredo Cruz Guzmán.
José Estrada.
Salto de Agua; Chiapas.
Empresarios y proveedores solicitarán la intervención de titulares
de diversas dependencias del estado a fin de que intervengan en la controversia
que se ha suscitado en el municipio de Salto de Agua, toda vez que no han
recibido los pagos por las obras ya finiquitadas durante la pasada
administración.
Señalan a Raúl Alberto Álvarez Barroso, con el poder que
ostenta como contralor municipal, como la persona que está oponiéndose a la
liberación de los recursos, que les está poniendo trabas constantes para no
pagar las cuentas; previo conocimiento del alcalde Felipe López Pérez.
Exigirán la intervención del Órgano de Fiscalización Superior
del Congreso del Estado a fin de que se investigue la designación de Álvarez
Barroso como funcionario de la actual administración, toda vez que se encuentra
inhabilitado para ejercer cualquier cargo público tras ser encarcelado en el
año 2010, acusado del delito de peculado por más de 60 millones de pesos en
agravio del erario del municipio de Palenque, durante la administración de
Alfredo Cruz Guzmán (2008-2010).
A pesar de que la ley se encuentra de su lado, los
empresarios temen represalias por parte de las autoridades, por lo que
realizarán una denuncia ante la función pública de forma unánime a fin de no
ser blanco de las represalias que podrían derivarse de las amenazas que han
recibido de los funcionarios, “quienes les señalan que en caso de no aceptar
sus condiciones de pago, éstos podrán retardarse y ya no serán tomados en
cuanta para las obras que se construirán durante la presente administración”.
Raúl Alberto Álvarez Barroso, el pasado mes de julio del 2010
fue detenido por elementos de la, entonces, Policía Ministerial del Estado
acusado del desvío de 60 millones 336
mil 817 pesos. Cuando fungía como director de Obras Públicas en el ayuntamiento
de Palenque.
Señala la nota informativa que “Como parte de la auditoría practicada, correspondiente
al ejercicio fiscal 2008 durante la administración del entonces presidente
municipal, Alfredo Cruz Guzmán, el Órgano de Fiscalización Superior detectó
diversas irregularidades por pagos en exceso, pago de sueldos a personal que no
laboró, ingresos propios cobrados pero no ingresados a la Tesorería, así como
la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones realizadas y
deficiencias en las obras”.
“Ocasionando desvío
de los recursos públicos de los fines para los que habían sido destinados. Las
diligencias realizadas por peritos contables, especialistas en la materia,
revelaron el millonario daño patrimonial causado al erario público del municipio
de Palenque”.
La situación que acontece en el municipio de Salto de Agua es
similar a la suscitada durante el periodo de gobierno de Alfredo Cruz Guzmán,
quien también estuvo involucrado en la averiguación previa y durante un par de
años encarcelado; esto podría sucederle a Felipe López Pérez presidente
municipal de Salto de Agua, quien en algún tipo de “ardid político” aceptó la designación
de Raúl Albero Álvarez Barroso como contralor interno, aun bajo conocimiento de
que laboró como “asesor” de Miguel Díaz Arcos; por lo que no se descarta que su
antecesor todavía tenga las manos metidas en la política económica e interna del
municipio.
El dinero, señalan los demandantes, ha estado siendo “jineteado”
durante más de ocho meses, generando intereses, -hasta ahora millonarios-, de
los cuales alguien podría ya estar beneficiándose.
No conocen el destino de los 11 millones de pesos. Si se
encuentran en la misma cuenta o ya fueron removidos a cuentas de manera alterna,
-posiblemente personales-, desde donde se generan ganancias que también serán
requeridas porque el dinero legalmente les pertenece.