Palenque, Chiapas.
Graves actos de corrupción están siendo practicados por el personal
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 7, con sede en ésta ciudad;
denunció el abogado laborista Abraham Jiménez Rincón; quien acusa al presidente
de la señalada junta espacial, José Ramón Esteban Serrano, de traficar con los
poderes que ostenta e inclinar la balanza hacia quien mayores aportes económicos
haga a sus bolsillos.
Un caso en mención involucra al regidor del ayuntamiento por
el Partido Mover a Chiapas, Omar Alfaro Macías; quien fue acusado por tres ex empleadas
de haberlas despedido injustificadamente. Acto llevado a cabo hace poco más de
cinco años, sin embargo antepusieron su querella en al año 2014. Las demandantes,
quienes ya tienen conocimiento de que el laudo laboral les favoreció, exigen indemnizaciones
por 10 años de trabajo y lo correspondiente a cinco años de salarios caídos. Cantidad
que sobre pasa los 400 mil pesos.
En relación a lo acontecido el demandado, empresario del
ramo restaurantero en éste ciudad, solicitó los servicios de Abraham Jiménez Rincón
quien, tras revisar los expedientes comprobó
que existen varias irregularidades, entre ellas: documentos con fechas
alteradas; dictámenes con firmas que no corresponden, debido a que en la Junta Local
Número 7 no hay un dictaminador que, con forme a derecho, asignen la cantidad
que los demandados deberán pagar.
En el caso de Palenque son el presidente de la junta, José
Ramón Esteban Serrano; y la secretaria de acuerdos, Esther Vázquez Núñez, quienes
se toman esa atribución; actuando como juez y parte en las demandas. Esto a dejado
a su cliente en una situación de indefensión, toda vez que no se está tomando
en cuenta las reformas a las leyes laborales, donde se estipula que toda
querella que sea interpuesta después del año 2013; o sea del año 2104 en
adelante, solo deberán reconocer como parte de las indemnizaciones un año de salarios
caídos.
En relación a las acciones que debería fomentar la junta, que
es principalmente el conciliar acuerdos entre los actores, estas no se está llevando a cabo toda vez que el señor Omar Alfaro le
dio pauta al abogado de la parte actora diciéndole que les iba apagar conforme a derecho, pero ellos no quisieron.
Exigen una cantidad exorbitante y no pudieron llegar a ningún arreglo.
“La parte demandante, al tener a las autoridades de su lado
se niegan a conciliar. Por lo que, la junta, en vez de ayudar a los trabajadores,
o en su caso a los patrones; en realidad solo ayuda a quienes tenga más dinero
y a quien suelte más mordidas. Aquí nadie es neutral, empezando con la
secretaria de acuerdos, Esther Vázquez Núñez”. Puntualizó el abogado litigante.
Las tres empleadas están pidiendo demasiado. Una cantidad exorbitante;
que no les corresponde conforme a derecho y de acuerdo con el tiempo que laboraron
para el demandado. Las autoridades, en éste caso José Ramón Esteban Serrano, presidente
de la junta; así como la secretaria de
acuerdos, deberían de permanecer neutrales pero contario a sus funciones han
actuado con dolo y perjudicado al demandado; ya que lo están obligando a pagar
un monto superior a los 400 mil pesos.
“La ley es clara, -aseguró Abraham Jiménez Rincón-, dice que
tiempo, la cantidad y los pasos a seguir para llevar a cabo un dictamen”.
“En el caso de la junta local del municipio de Palenque, debería
de existir una persona por cada área involucrada en las querellas, además del presidente:
Un actuario, un dictaminador, un secretario de acuerdos y un representante de trabajo; aspectos en
que la ley es muy clara. Pero ellos se pasan las leyes por el arco del triunfo,
porque no siguen los procedimientos legales y ello les permite seguir haciendo
su agosto en Palenque”.
Cabe señalar que Omar Alfaro Macías tuvo que contratar los servicios
de un notario público para que le respetaran sus derechos y pudieran recibirle un
escrito porque existía inconformidad de su parte por el laudo emitido.
“Es un documento que el presidente de la junta tiene la
obligación de recibir, toda vez que nos dan un lapso de 72 horas para solicitar
la resolución a la junta para corregir errores y precisar algún punto. Esto lo
respalda el artículo 847 de la Ley Federal del Trabajo”. Argumentó el abogado de
la parte demandada.
