Protege el edil Marcos Mayo Mendoza a funcionarios que lucran con las necesidades de la población.

Pascual Guzmán Vázquez.
Coord. Municipal de PC en Palenque.

    A pesar de las constantes denuncias realizadas por ciudadanos y por el personal que labora en la Coordinación Municipal de Protección Civil, Pascual Guzmán Vázquez continúa al frente de una institución cuya prioridad es salvaguardar el bienestar de los ciudadanos de una manera altruista, en vez de lucrar con las necesidades de la población de escasos recursos económicos.

José Estrada.
Palenque, Chiapas.

Tras asumir el cargo y demostrar, ante las instancias estatales, que no es una persona apta para procurar la seguridad de los habitantes de éste ciudad y las diversas comunidades del municipio, Pascual Guzmán Vázquez no ha sido removido de su cargo y tal parece que es otro de los funcionarios protegidos por el edil Marcos Mayo Mendoza, quien durante su primer discurso como presidente municipal, puntualizó que su administración “estaría libre de corrupción y de funcionarios que abusan del poder, preocupándose solo por el beneficio personal y el saqueo de las arcas públicas”.

Sin embargo las constantes denuncias de los ciudadanos, que se han dado a conocer a través de diversos medios de comunicación, afirman que las acciones llevadas a cabo por el actual Coordinador de Protección Civil en éste municipio denigran una institución cuyo principal objetivo es ayudar a las familias más necesitadas.

Las denuncias, de las cuales ya tiene conocimiento el Secretario de Protección Civil en el Estado, Luis Manuel García Moreno, refieren que los servicios que se deben prestar gratuitamente a la población tienen un costo establecido por Pascual Guzmán Vázquez que van desde los 300 pesos por abastecer de agua a una familia, hasta el cobro de 1 000 pesos por cortar un árbol en propiedad privada y de 1 500 pesos por trasladar a una persona enferma hacia hospitales localizados en Villahermosa, Tabasco.

Pascual Guzmán Vázquez también es señalado de mantener secuestrada la unidad 031, misma que fue adquirida con recursos del erario público, para uso particular.

“Además de no soltar las llaves, incluso cuando se retira a su domicilio, utiliza la unidad para trasladarse a su parcela y acarrear ganado con un remolque que engancha a la camioneta los fines de semana”.

Las denuncias señalan que las unidades son utilizadas para beneficio personal y económico del señalado funcionario público, ya que la pipa además de ser utilizada para abastecer los abrevaderos de su parcela con el combustible destinado para trasladarse a los lugares donde se suscite una emergencia, la unidad es enviada al municipio de Catazajá para vender agua a la población que carece del vital líquido, en lugar de hacerlo de manera gratuita ya que es un servicio de ayuda humanitaria.

Una de las repercusiones que se han generado, tras enterarse el Secretario de Protección Civil de los probables actos de corrupción durante la presente administración, fue la de solicitar las llaves de la pipa y la ambulancia a fin de evitar que el funcionario público continúe lucrando con los recursos públicos y las necesidades de la población al venderles el agua y solicitar pagos por los traslados de pacientes hacia otros hospitales.

La noticia de que el Secretaría de Protección Civil ya tiene conocimiento sobre los presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad, tráfico de influencias, e incluso nepotismo por parte de algunos funcionarios del ayuntamiento que tienen intereses dentro de la institución, fueron dadas a conocer por el Supervisor Regional de Protección Civil, Antonio Velásquez García, quien durante una reunión llevada a cabo el pasado día lunes refirió “que por instrucciones superiores las dos unidades inmersas en el conflicto serían incautadas para evitar más daños a la institución, hasta que la situación se aclare”.

Sin embargo esto implicaba dejar desprotegida a la población en caso de alguna contingencia que pusiera en riesgo la vida de los ciudadanos, por ello el funcionario procurará la intervención de las autoridades a fin “de que pongan un alto a los actos de corrupción dentro de la Coordinación Municipal de Protección Civil, de los cuales es señalado directamente Pascual Guzmán Vázquez, para evitar que la institución se vea inmiscuida en problemas que nada tienen que ver con la prestación de los servicios para los cuales fue creada”.

Mismos que tienen que realizarse de manera gratuita, sin exigir retribuciones económicas a los beneficiados, porque esto provocaría que la población más pobre, aquellas familias vulnerables que no pueden pagar por los servicios se vean desprotegidas y marginadas por una institución que es sostenida con recursos públicos, procedentes de los impuestos que paga la población.