Como toda ley, que debería aplicarse por las autoridades, y respetarse
por los ciudadanos, es susceptible a los
actos de corrupción, negligencia y abusos, por parte de las autoridades.
José Estrada.
Palenque, Chiapas.
Los actos de corrupción que se generaron con la creación de
la Dirección de Tránsito y Vialidad en éste municipio, durante la administración
de Marcos Mayo Mendoza, ocasionan serios trastornos al tráfico vehicular y
molestias entre los automovilistas que transitan por las complicadas calles de
Palenque.
Tras legalizar un reglamento que amparó su creación, quien
se desempeñaba como coordinador de la misma dependencia, Carlos López Sánchez
fue ascendido a director.
De acuerdo con las denuncias de los ciudadanos, los
actos de corrupción se incrementaron de forma alarmante y absurda, porque
incluso el funcionario giraba oficios para que las empresas, cuyas unidades
circularán dentro de la ciudad para vender sus productos, realizaran pagos
retroactivos a la fecha del inicio del gobierno en turno.
Amparándose en el reglamento
del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Palenque, que entró en
vigor el 14 de Agosto del 2014, Carlos Sánchez López pretendió obligar a las
empresas foráneas a pagar un mínimo de 5 salarios, alrededor de 318 pesos, por
cada una de las veces que ingresaran a la ciudad.
De lo contrario eran constantemente acosados y amenazados
de que, “en caso de no obtener el permiso correspondiente para poder laborar
dentro de la ciudad, las infracciones continuarán”.
A pesar de que el director de
tránsito fue cesado de su cargo a unos meses de culminar la administración, los actos de corrupción siguieron practicándose a tal grado, que son costumbres
que están quedando arraigadas entre los transportistas y comerciantes, quienes
no respetan los horarios establecidos en la zona centro, para las labores de
carga y descarga.
Las secuelas que dejaron los actos
de corrupción, debido a que los horarios eran modificados, de acuerdo a los intereses
de quienes pagaran “sus cuotas”, han alcanzado a la presente administración y
en las calles se pueden ver camiones realizando maniobras de descarga a cualquier
hora del día, sin importarles las afectaciones que ocasionan.
Situación que es
común sobre las avenidas 12 de Octubre y Velasco Suárez, una de las zonas más
conflictivas en relación al tráfico vehicular.
Este medio de comunicación intentó
establecer contacto con le director de Tránsito Municipal, Domingo Lara Abreu,
sin embargo luego de dos evasivas no logramos cuestionarlo sobre la situación en
la que encontró la dependencia a su cargo.
Si su antecesor, Tiburcio
Feliciano Hernández, practicaba algún tipo de cobros ilegales, o estaba confabulado
con algunas cooperativas de transporte público y de carga o empresas, a fin de
que pudieran infringir la ley, mientras ellos “se hacían de la vista gorda”.
Cabe señalar que se
enfrentará a un trabajo titánico, en lo que respecta a mantener a raya a
quienes están acostumbrado a mandar en las calles, -refiriéndonos igual al
comercio ambulante y semi fijo-, ya que este comunicador fue amenazado por un
chofer de una cooperativa de transporte ejidal, a quien le molestó el hecho de
estar tomando fotografías a un embotellamiento vehicular, ubicado sobre la
avenida Velasco Suárez.
“Porqué le tomas fotos a mi
camioneta”, me cuestionó.
“A lo que respondí que solo
hacía mi trabajo, que no sabía cuál era su unidad y sobre todo que yo estaba
tomando las fotografías en la vía pública”.
Amenazo con acusarme con el
presidente de su cooperativa si continuaba realizando mi trabajo.
“Bueno, sino te calmas vas a
ver…” fue la frase que usó para tratar de intimidarme, mientras que otros dos
choferes se acercaban. Uno de ellos se paró a su lado, en tanto que el segundo
se ubicó a mis espaldas.
El asunto no pasó a mayores
porque le aseguré que no entendía “el por qué me reclamaba por estar tomando
fotos en la calle, puesto que es un lugar público”.
Con señas le dijo a sus
compañeros que se alejaran, mientras yo terminaba de realizar mi trabajo y me
retiraba del lugar ante el temor de ser agredido por los transportistas, quienes
por pagar un “derecho de piso” para ascenso y descenso de pasajeros, se creen
dueños de nuestras calles.