José Estrada.
Palenque, Chiapas.
Autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo
operativos conjuntos en diversos establecimientos dedicados al empeño de joyas
y aparatos electrónicos debido a las constantes denuncias de la ciudadanía,
quienes señalan que en dicho lugares se reciben artículos de dudosa procedencia
sin que los empleados soliciten la documentación correspondiente para
establecer la propiedad de los mismos.
Cerca del medio día alrededor de 50 elementos del Ejército
Mexicano; corporaciones policiacas del Estado y de seguridad pública municipal,
encabezados por el Fiscal de éste distrito, llevaron a cabo un despliegue de seguridad
en las avenidas Juárez y Miguel Hidalgo, donde se encuentran ubicadas las Casa de
Empeño denominadas “Casa Mazatlán y “Monte Mex”. Las unidades fueron estacionadas en
frente a los establecimientos y agentes del MP, acompañados por oficiales se
introdujeron a los mismos para solicitar los registros de las transacciones de
cada uno de los artículos que estaban siendo ofertados.
Las acciones llevadas a
cabo están basadas en una iniciativa de reforma al Artículo 367 del
Código Penal Federal donde la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, “con el objetivo de que las casas de empeño exijan
a deudores comprobar la procedencia legítima de las prendas por medio de notas o facturas”.
De acuerdo con algunos legisladores “los artículos
prendarios en las casas de empeño, y de compra de metales preciosos, a
veces son de procedencia dudosa e ilícita
ya que en ocasiones más del 70% de las prendas obtenidas en los asaltos terminan
en los establecimientos que no siguen las normas establecidas para llevar a
cabo este tipo de transacciones”.
Esto estimula la existencia de los “Mercados Negros” de compra-venta
de joyas, relojes, metales preciosos y electrodomésticos que son puestos al
alcance de los consumidores; artículos que en ocasiones provienen de personas
que han sido víctimas de robo y asaltos, muchos de los cuales se realizan a mano armada.
Las diversas denuncias ante la falta de atención de los
empleados de los establecimientos, quienes reciben artículos sin solicitar las facturas
de los mismos; o son señalados de no entregarlos cuando los propietarios acuden
a saldar sus deudas, ocasionaron que se llevara
a cabo el operativo conjunto para detectar la posible existencia de mercancía
robada. Las autoridades señalaron que la facilidad con que los objetos son cambiados por efectivo proporciona
a los asaltantes un incentivo para continuar delinquiendo.
De acuerdo con los oficiales la mayoría de los artículos encontrados
de los establecimientos señalados no presentaban la documentación correspondiente que acreditara
la procedencia lícita; datos recabados tras varias horas de arduo trabajo de
los peritos en los establecimientos, donde cada uno de los artículos exhibidos
para su venta fueron revisados.
Cabe destacar que la compra-venta de artículos robados en un
delito grave, en el que tiene que ser castigado tanto el asaltante como la persona,
o institución que adquiere el producto; y las sanciones podrían alcanzar de 2 a 10 años de prisión y de 100 a 500 veces el salario mínimo
vigente.
