Palenque, Chiapas.
Amparados bajo la creación de una asociación civil conformada
por comerciantes del Mercado Público Municipal “Guadalupe”; dos locatarios son señalados
de mal versar los recursos públicos que son colectados diariamente, por la
renta de espacios a los agricultores que arriban diariamente de diversas comunidades.
Se contabiliza en más de 50 mil pesos el monto que perciben mensualmente, solo
del cobro por “Derecho de piso”.
En el lugar existen además actos de explotación laboral;
despojo; discriminación, racismo y abusos de autoridad, por parte de los
líderes: Arturo Landero MacNeally; presidente de la unión; así como Erlaín
Espinoza Damas; quien ostenta el cargo de secretario general.
Quienes arriban al mercado, principalmente mujeres indígenas
y campesinos, sin importar su origen, condición social e incluso el tipo de
productos que expenderán; toda vez que en su mayoría son personas que comercializan
tortillas; plátanos, naranjas, limones, yucas, hierbas y cualquier tipo de
fruta o vegetal de temporada; son obligados a pagar $ 20 pesos diariamente por concepto de “Donativo
para mantenimiento”.
Esto sin importarles
que los productos que expenden solo les aseguran unos cuantos pesos de ganancias;
debido al pago de transporte, alimentación, servicios sanitarios y un impuesto
al municipio de $ 70 pesos mensuales.
En caso contraio son expulsados del mercado por disposición
de Arturo Landero y Erlaín Espinoza; quienes toman decisiones arbitrarias en
todo el inmuebles, considerándose dueños y señores del espacio público.
A pesar de que en éste país existe la libertad de
competencia, estos líderes violan flagrantemente los derechos constitucionales de
un grupo de mujeres indígenas, quienes fueron expulsadas porque vendían “pollos
criados con maíz”; un producto bien visto y con bastante aceptación entre los consumidores
locales; quienes desechaban las ofertas de los locatarios que expenden animales
criados en cautiverio.
Esto ocasionó descontento entre los expendedores de aves y,
en consecuencia, las pequeñas productoras indígenas fueron desterradas hacia la
banqueta de un centro comercial; bajo el dictamen “de que la comercialización
de ese tipo de productos afecta las ventas de los dueños del mercado público
municipal; por lo que su venta quedaba prohibida”.
Existen denuncias de otras "transacciones económicas irregulares”
que se llevan a cabo dentro del edifico público, como son: el cobro de cuotas, multas
y sanciones que son impuestas arbitrariamente; así como la renta de los servicios
sanitarios. Dinero que no es ingresado a las arcas públicas a pesar de que personal
del área administrativa recibe salarios del municipio.
Prueba de ello es una denuncia realizada por José Luis Hernández
Cano; a quien pretenden despojarlo de dos locales comerciales bajo el argumento
de adeudos superiores a los 87 mil pesos; por conceptos de inasistencias, cuotas
gremiales y otras multas.
De tales adeudos no existen documentos propios que los corroboren.
Puesto que al presentar un Recurso de Inconformidad por el despojo que pretendían
hacerle a su familia, considerados fundadores del lugar; la respuesta de las autoridades
municipales fue tajante al señalar que:
“El ayuntamiento en ningún momento
inició un procedimiento administrativo de revocación o cancelación de las
concesiones números 30 y 30”. Siendo estos locales propiedad de sus padres.
Exigiendo el debido respeto a sus derechos ciudadanos, el denunciante
solicitó la intervención de las autoridades a fin de solucionar el problema. Sin
embargo, durante la reunión los líderes del mercado público no solo mantuvieron
su posición arbitraria; sino que exigieron además el pago de 100 mil pesos por cada
local comercial para que estos pudieran ser explotados. El agraviado tendría
que considerar este atraco como un pago por “Derechos de comercialización”,
impuesto por los dirigentes.
En caso contrario los inmuebles pasarán a ser propiedad de
la Unión de Locatarios del Mercado Público Guadalupe. Decisión tomada en el año
2014, durante una “asamblea extraordinaria”; misma que, posteriormente, fue “protocolizada”
este año por un notario público.
“La actuación de los funcionarios, entre ellos el delegado
de gobierno en la región XIII Maya, Sergio Olivas Pérez, fue pasiva y en franca
defensa de los dirigentes”, aprecia en un escrito el agraviado.
Es necesario destacar que el mercado público "Guadalupe" fue considerado “Un bien
propio de uso común y utilidad pública”, que está bajo la administración del Gobierno
del Estado de Chiapas; como quedó asentado en un acuerdo emitido el pasado 12
de agosto del año 2013; en referencia al conflicto que se suscitó entre empresario
de ésta ciudad y el municipio, por la propiedad de los terrenos donde fue edificado
el mercado público.