Palenque; Chiapas.
Una menor, de escasos cinco años de edad, que fue atropellada
por un automóvil, en las inmediaciones del mercado público municipal, logró ser
rescatada por su madre de abajo de la unidad antes de sufrir heridas graves.
Testigos del percance obligaron al presunto responsable de los hechos a
trasladar al infante al hospital para que recibiera atención médica y descartar
posibles heridas internas.
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La menor fue embestida, tirada al piso y antes de que le
pasaran las llantas del automóvil encima, testigos le gritaron al conductor
para que se detuviera. La señora introdujo sus brazos debajo del vehículo para
sustraer a su hija y procedió a retirarse del lugar, mientras revisaba su
estado físico.
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Versiones encontradas a través de las cuales la madre de la
niña, testigos del accidente, el conductor, el agente de seguridad pública y
los empleados de seguridad del mercado, trataban de deslindar responsabilidades,
no pudieron señalar directamente a un culpable.
Un conjunto de aspectos como el continuo tránsito vehicular,
que se agudiza en “horas pico”; la falta de espacio para transitar debido a la
aglomeración de vendedores ambulantes y semi fijos en las banquetas; la falta
de pericia de los “franeleros” ante la insistencia de los automovilistas que
ven obstruido su paso cada vez que un automóvil entra o sale del estacionamiento,
que fue construido en un espacio inadecuado, podrían ser las causas del
incidente.
El área frente al inmueble, que abarca poco más de 100 metros
cuadrados, fue modificada para dicho uso por parte de la directiva del mercado
público, y para ellos decenas de vendedores indígenas fueron desplazados del
mercado.
En un documento que la Subconsejería Jurídicas de Regulación
Patrimonial del Gobierno del Estado de Chiapas le envió a Erlaín Espinoza
Damas, quien funge como secretario la sociedad “Unión de Locatarios del mercado
Guadalupe A.C.” se señala que los espacios de uso común pertenecen al municipio.
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A pesar de que la ley lo establece; las áreas, que deberían
estar siendo administradas por el municipio, son explotadas por la sociedad de
locatarios, a tal grado de modificar el inmueble; que es un bien patrimonial y
de uso común, establecer cuotas exageradas a vendedores de productos del campo;
expulsar a productores avícolas negándoles el derecho a un trabajo digno y
honrado; y poner en riesgo a transeúntes y automovilistas al modificar un espacio sin tener los dictámenes de las dependencias
oficiales, las cuales determinarían la factibilidad del estacionamiento.
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