Palenque; Chiapas.
La participación que algunos servidores públicos tienen
en relación al sueldo que obtienen de los impuestos ciudadanos, a través de las
arcas públicas, no se ve reflejado en resultados que impacten directamente en
la población.
Una vez cumplida la obligación del presidente
municipal, Carlos Morelos Rodríguez, de rendir cuentas a la población sobre el
destinos de los recursos públicos; las obras, proyectos, programas y otras
acciones que van dirigidas a desarrollo social, educativo, de salud, seguridad pública
y demás rubros en los cuales se debe invertir directamente el dinero… ¿por qué
los regidores no adoptan estas acciones de forma voluntaria y presentan los
resultados del trabajo que han realizado durante un “extenuante” año de trabajo…?
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Muchos ciudadanos, líderes y representantes de
diversos sectores de la población manifiestan que es necesaria una evaluación
de su trabajo y una “transparentación” de los recursos que reciben los
regidores.
Si se refiere que los regidores representan los
intereses de la ciudadanía, debe ser obligatorio
para ellos, no solo de manera moral, participar y ser gestores de las decisiones
que se tomen y los destinos que tengan los recursos públicos. Es primordial que
se mantengan en una estrecha coordinación de trabajo con las autoridades municipales.
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De acuerdo con los datos que las instituciones de
salud han dado a conocer, a través de los programas de prevención del VIH-SIDA,
en Palenque este “flagelo de la humanidad” ha ido incrementando sus víctimas en
la población sexualmente activa, en su mayoría jóvenes entre los 16 y los 25
años de edad.
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El objetivo de fomentar proyectos y programas
que fortalezcan su camino hacia la explotación sustentable de los recursos
naturales y que muchos ciudadanos puedan ser beneficiados a través de ésta “industria
sin chimeneas” hace diez años que comenzó a desmoronarse.
El establecimiento de empresas como Palmatica y
Agroipsa, cuya principal actividad es la transformación del fruto que produce
la palma de aceite africana ha ocasionado la transformación de zonas ganaderas
en plantíos de la oleaginosa, incluso se han realizado proyectos para que
sustituyan las zonas devastadas por la tala clandestina y esto incrementaría en
gran medida la producción y permitirá que más industrias se establezcan en la
región.
El grupo Alen inició desde el año pasado la
construcción de una planta procesadora de aceite que superará en un 400 por
ciento a la producción que mantienen las otras empresas. La inversión es de más
de 680 millones de pesos y se especula que muchos ex funcionarios del municipio,
y otros que todavía están al frente de diversas dependencias estatales, dieron
todas las facilidades para que se realizara el cambio de uso de suelo y el
manifiesto de impacto ambiental fuera positivo a la trasnacional.
Esta comisión es responsabilidad del regidor del
Partido Chiapas Unido, Miguel Ángel Méndez Álvaro. El poder que ahora ostenta
le da la posibilidad de conocer de cerca como estas empresas fueron
establecidas. Durante muchos años se han documentado las denuncias de
productores ganaderos y campesinos, quienes han visto afectadas sus actividades
económicas; además del daño que los desechos tóxicos han ocasionado a los
arroyos, causes pluviales y mantos acuíferos de los cuales muchas comunidades
obtienen el agua para su consumo.
En relación a seguridad pública las inversiones
que se han destinado a los programas para reforzar las acciones de éste rubro
han sido considerables, siendo una de las instituciones que mayores recursos
recibieron durante el primer año de gobierno que encabeza Carlos Morelos
Rodríguez; sin embargo el aumento en las denuncias por parte de la población
hacia algunos elementos asegura que hace falta una intervención directa de las
autoridades para que el problema pueda ser atendido.
Esta investigación puede ser encabezada por la regidora
de PVEM, Yara Kendy Arellano Hernández. Que los resultados puedan ser vertidos
a la población y se logre la depuración de la institución para liberarla de los
malos elementos.
En referencia a la comisión de Obras públicas,
planeación y desarrollo urbano el esfuerzo es contra corriente. Jorge Cabrera
Aguilar, primer regidor, no solo tiene que supervisar la correcta ejecución de
las obras, de acuerdo a los expedientes técnicos por parte de las empresas que fueron
asignadas, sino que además existe mucha inconformidad en relación a las obras
inconclusas que fueron construidas durante la pasada administración y nadie responde
por ellas.
Cerca de 42 millones de pesos es el monto
faltante en la administración de Marcos Mayo Mendoza, quien fungió como alcalde
el trienio pasado. Uno de los principales rubros defraudados es precisamente la
obra pública.
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Pero esto también implica la participación de los
ciudadanos en los sufragios. Como una democracia el pueblo debe elegir, y
hacerlo bien, a sus representantes populares durante el proceso de las
votaciones.
En base a ello una de las teorías “es que en
proporción a los resultados de las acciones que implementen dentro de la
administración, sea el monto económico que obtengan cada uno de los regidores
como pago a sus esfuerzos en beneficio de la población”.