José Estrada.
Palenque; Chiapas.
A pesar de las denuncias presentadas por habitantes de ésta
ciudad, quienes acusan a propietarios de diversos negocios que se dedican al
venta de “agua purificada” en garrafón, el titular del área de Regulación
Contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción VI Selva, Régulo Díaz Díaz, ha
permitido que agua contaminada con heces fecales, algas, larvas de mosquitos,
tierra y otras sustancias que ponen en riesgo la salud de la población,
continúe siendo comercializada en éste municipio.
En respuesta a una denuncia presentada por un habitante de ésta
ciudad, quien señalara en un diario local que el producto que compró a la
empresa con razón social “Agua Inmaculada” contenía algas en su interior y, por
lo siguiente, no era apta para consumo humano, Régulo Díaz solo manifestó que
es común encontrar problemas en las plantas de purificación, el más serio de
ellos: “que los trabajadores se olvidan de limpiar los filtros”.
William Berrueta Moreno, vecino afectado, señaló al reportero
del Diario de Palenque que lleva “Más de tres año comprándole a ésta empresa y
no es la primera vez que tiene detalles”.
Aseguró que en muchas ocasiones los garrafones sellados
presentaban objetos extraños en su interior como: basura, moscos, lama u otros materiales.
Ante el reclamo los vendedores solo optan por cambiarles el garrafón, cuyo costo
es de 12 pesos.
“Estoy enterado de que ésta planta ya ha sido cerrada tres
veces y el señor solo quita los sellos para seguir trabajando”. Advirtió el
denunciante, al tiempo que solicitaba a la Jurisdicción Sanitaria hacer su trabajo
y supervisar la planta purificadora de la empresa que está vendiendo agua no
apta para consumo humano.
La respuesta de Régulo Díaz, ante el cuestionamiento del
rotativo que presentó el caso a la opinión pública, fue simple; como si el caso
careciera de relevancia. Señaló que existen 26 plantas de producción en el municipio.
Que no cuenta con el personal para llevar a cabo muestreos mensuales y por lo
tanto lo hacen cada año; sin embargo atienden de inmediato denuncias que sean
presentadas por escrito y con pruebas fehacientes de que el agua representa un
riesgo para quien la consuma.
Las recomendaciones del funcionario van dirigidas a la población
a quien deja la responsabilidad de asegurarse de que el agua no esté
contaminada con objetos extraños, o con micro organismos dañinos para la salud,
debido a que “más del 70 por ciento de las empresas presentan diversas
anomalías y no cuentan con análisis de laboratorio”.
Hace aproximadamente 8 meses 15 establecimientos que expenden
agua purificada fueron muestreadas y 7 de ellos resultaron con alteraciones en
el producto final, por lo que fueron suspendidos. Sin embargo los nombres de
las empresas no fueron reveladas.
Ante la denuncia presentada, y el cuestionamiento del medio
de comunicación, Régulo Díaz señaló que “Por respeto y acuerdos entre la Secretaría
de Salud y las empresas los nombres de las mismas, a pesar de que son
sancionadas por vender agua contaminada, no pueden ser exhibidas a la opinión
pública”.
Esto deja en grave riesgo a la población debido a que no se
tienen conocimiento de quien está vendiendo agua contaminada. Si el producto no
apto para consumo humano fue desechado o distribuido entre la población y establecimientos
que prestan servicio a los turistas, en el caso de hoteles y restaurantes.
Los “acuerdos”, ya sean económicos, políticos o de compadrazgo;
representan una grave falta a la responsabilidad que tiene la Jurisdicción
Sanitaria VI Selva, a cargo de Ernesto Pohlenz
Guillén, de priorizar las acciones que llevan a cabo sus funcionarios siempre
en beneficio de la población.
Que la gente no tenga conocimiento del agua que consume lo
deja en grave estado de indefensión.
Que el responsable de suprimir los riesgos sanitarios se lave
las manos ante cualquier posible caso de intoxicación o contagio de
enfermedades en la población, bajo simples instrucciones de “adquirir los
garrafones en comercios establecidos y revisarlos antes de consumirla”, sugiere
que las autoridades amparan los actos que llevan a cabo las empresas sancionadas
en contra la salud pública y que los únicos beneficiados son los propietarios
de las mismas, por encima de la integridad física y la vida de los ciudadanos
de éste municipio.