Palenque fue sede
de diversas manifestaciones encabezadas por Felipe López, ex dirigente regional
de la UGOCP, donde repudiaba a los gobiernos utilizando la bandera de la
pobreza y la marginación de su municipio. Hoy, siendo autoridad, utiliza estos “males
sociales” para imponer su ley sobre los derechos constitucionales de la población.
José Estrada.
Palenque; Chiapas.
Las recientes denuncias realizadas por habitantes del ejido
el Zapote, quienes pertenecen aun movimiento social de resistencia civil denominada
“Luz y Fuerza del Pueblo, Adheridos a la Sexta” abren una brecha en la trayectoria
del actual alcalde del municipio de Salto de Agua, Chiapas; Felpe López Pérez.
El líder de masas, cuya organización contaba con más de seis
mil adeptos antes de ser presidente municipal, pasó de ser un defensor de las causas
y derechos de los campesinos indígenas a una pieza más del ruin sistema de gobierno
que lleva las riendas de la política predatoria en el estado de Chiapas.
La falta de proyectos que impacten en los diversos rubros
del municipio, uno de los que conforman la lista de los más pobres del país, se
ven reflejados en las diversas movilizaciones las cuales, incluso, han llevado
a cabo la toma de la presidencia municipal; no han tenido eco en los
funcionarios que representan al gobierno del estado.
Se hacen de la “vista gorda” -es el caso del delgado de
gobierno Ariel Requena Meza- a cambio de que sus bolsillos reciban parte de los
recursos que el alcalde de Salto de Agua destina para que las denuncias en su
contra no trasciendan y pueda continuar manejando el dinero de las arcas públicas
a su antojo.
El mayor beneficiado la UGOCP. Durante su candidatura a la
presidencia municipal en el 2015, tras pactar el apoyo que otorgó a Miguel Díaz
Arcos durante la elección del 2012,
Felipe López Pérez desplegó a miembros de su gremio por toda la geografía
saltence para hacer labor de convencimiento, a través de la entrega de apoyos
para la coacción del voto. Ahora la cuota tiene que cubrirse.
Una de las denuncias que empresarios del municipio realizaron
ante las instancias correspondientes fue el, supuesto, desvío de 50 millones de
pesos. Señalaron que 20 obras fueron asignadas a 7 empresas constructoras de los
estados de Puebla y Oaxaca -donde la UGOCP tiene mucha injerencia-.
La denuncia, que no fue investigada, apunta a la intervención
de, presuntos, “presta nombres” para que los recursos vuelvan a Salto de Agua y
queden en los bolsillos del alcalde, previa comisión que debe pagar a su líder nacional Miguel Ángel Cosío
Castro.
Felipe López abandonó la lucha social y se convirtió en lo
que decía odiar: “Funcionarios ladrones que lucran con la necesidad del pueblo,
en beneficio personal y de quienes manejan la política del estado”.
Su mensaje, durante el discurso que pronunció en la toma de
protesta como alcalde del municipio de Salto de Agua, inspiró confianza en la
población.
“Ahora que soy gobierno lucharé con más ahínco, con más
ganas, con mucha responsabilidad, pero sobre todo con honestidad y
transparencia”.
“El perfil político de mi administración
estará basado en un contexto de inclusión y respeto. Como gobierno de todos no
deberemos discriminar a nadie por su militancia en alguna organización social,
grupo político o religioso”.
Todo contrario a los actos por los que fue denunciado el
pasado martes 18 de abril, cuando un grupo de habitantes del ejido el Zapote
tuvieron que manifestarse en ésta ciudad, porque en el municipio donde gobierna
Felipe López Pérez, no hay las condiciones de respeto hacia sus derechos
humanos. Inclusos las autoridades estatales están confabuladas para que el
alcalde pueda ejercer su poder absoluto.
Felipe López está pagando las facturas de su aportación para
fortalecer a uno de los grupos más representativos de la lucha popular en el
municipio de Salto de Agua. Los adherentes a la UGOCP creen tener el derecho de exigir porque fueron
sus votos los que llevaron a Felipe al poder, ahora reclaman lo que les
pertenece a través de aumento considerable en “su techo financiero”.
En Salto de Agua no hay dinero que alcance para las obras y
esto se manifiesta en la inconformidad de la población. Amenazar a los habitantes
del ejido El Zapote de correrlos de sus tierras, cortar el suministro de agua o
expulsar a sus hijos de la escuela, para
obligarlos a pagar los impuestos prediales, aunque éstos se encuentran en
resistencia civil a través de interponer diversos recursos constitucionales, es
un antecedente de que los más de 190 millones de pesos que asignan al ayuntamiento
de Salto de Agua, para proyectos y programas sociales, no están siendo bien
administrados.