La complicidad de las instancias encargadas de vigilar que
las empresas extractoras de aceite de palma africana no contaminen el medio ambiente,
ha provocado que los desechos tóxicos continúen siendo derramados el ecosistema local.
José Estrada.
Palenque, Chiapas.
A más de dos años de que los habitantes de la comunidad Victoria
Campesina documentaran los estragos ecológicos que causaban los desechos
tóxicos que la planta procesadora de palma de aceite africana, propiedad de la
empresa transnacional Palma Tica, y de haber interpuesto la denuncia correspondiente
por la contaminación del suelo, los mantos friáticos y arroyos cercanos a las
instalaciones, los daños han aumentado considerablemente por la falta de intervención
de las autoridades competentes.
El último reporte de daños ecológicos por la muerte de decenas
de peces en el río Michol, que probablemente fue ocasionado por los desechos
tóxicos, lo realizaron habitantes del ejido Cuauhtémoc quienes enviaron reportes y fotografías a
diversos medios de comunicación para alertar a las autoridades sobre los estragos
que están ocasionando al medio ambiente las empresas extractoras de aceite.
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| Pedro E. Morales García. Regidor del PVEM |
Durante una entrevista con uno de los integrantes de la Comisión
de Ecología y Medio Ambiente del cabildo municipal, el regidor Pedro Enrique Morales
García, señaló que la denuncia se realizó ante las instancias federales quienes
tuvieron que investigar, evaluar y en su caso sancionar cualquier tipo de
irregularidades.
“Hace dos años se llevó a cabo una inspección por parte de
instancias federales pero los resultados nunca se dieron a conocer. De alguna
manera se especuló que la supervisión “fue a modo” porque no se supo bajo que
lineamientos, ni se tuvo conocimiento de manera fehaciente de los resultados,
pero el problema continúa”.
Manifestó que de forma extra oficial trabajadores de
la empresa Palma Tica señalaron “que pudo haber algún un tipo de arreglo entre
los supervisores y los encargados de la planta, porque antes de que fuera
inspeccionada realizaron algunos arreglos y modificaciones al interior de la planta que, casualmente, fueron los
mismos espacios supervisados”.
Hasta ahora ni las instancias estatales o municipales, mucho
menos la ciudadanía, tienen conocimientos o documentos de los resultados que
avalen la operatividad de las plantas, incluyendo la de Agroipsa. Los desechos
alcanzaron al río Michol, a través del arroyo Pojolotal.
Las instalaciones, debido a que la capacidad de captación, procesamiento
y producción para la que fue construida se ha visto rebasada desde hace varios
años debido al aumento en la producción de la materia prima, continúa funcionado
y por consiguiente los niveles de contaminación en los afluentes naturales son más
graves.
“No hemos tenido éxito en lograr, a pesar que las denuncias fueron
interpuestas con la intervención de la diputada federal Lourdes Adriana López Moreno,
presidenta de la Comisión de Ecología del congreso de la unión, que las plantas
sean sancionadas y que cumplan con las obligaciones y normativas en favor, y con
respeto, al medio ambiente.
Cuestionado sobre la posibilidad de que la empresa
agroforestal Uumbal obtenga los permisos necesarios para construir una nueva planta
con una capacidad de procesamiento cinco veces mayor a las que actualmente
funcionan en el municipio, el regidor del PVEM puntualizó que “es un tema que
el cabildo hasta este momento ha analizado y discutido pero que no se ha pasado
al pleno porque tenemos la inquietud, y la preocupación, de que
pueda ocurrir los mismo que ha ocurrido con las otras plantas. Nada garantiza
que las nuevas instalaciones, con la tecnología de vanguardia, como los
propietarios comentan, un buen funcionamiento a futuro”.
Es un tema que está en sobre la mesa del cabildo y en su
momento será presentado al pleno para determinar en qué sentido, de acuerdo con
las experiencias de cada uno de los regidores,
voten en favor o en contra del proyecto que supera los 680 millones de pesos. Finalizó
Pedro Enrique Morales García.